Las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y los grupos de interés. La transformación de la política pública educativa en México.
El objetivo general de la investigación es analizar la influencia de los grupos de interés, en el plano subnacional, para orientar a su favor las políticas públicas que provienen de iniciativas federales; se parte del supuesto que la nueva configuración política en México ha llevado el ejercicio del poder a los gobiernos estatales, quienes responden a los estímulos de grupos de poder en su jurisdicción, para lo cual se valen de estructuras clientelares y corporativistas que disputan la hegemonía de un sector determinado. La investigación toma como referente la reforma educativa de 2013, en la que se buscó recuperar la rectoría del Estado en materia de educación mediante modificaciones constitucionales y creación de leyes secundarias; en el contexto de un régimen federalista, estos cambios debieron trasladarse al plano estatal con adecuaciones poco significativas, pero la realidad empírica mostró diferencias e incluso contradicciones a la reforma federal. El contexto de los cambios legales para reformar el sector educativo se ilustra con tres elementos significativos: 1) el retorno del PRI a la presidencia de la república y el Pacto por México; 2) la alineación de la política educativa a los planteamientos de los organismos financieros internacionales; y 3) el intento del gobierno por debilitar al SNTE como actor hegemónico en materia educativa. A partir del contexto de la reforma y de las diferencias encontradas en su implementación en los estados, esta investigación hace un análisis comparado de tres entidades federativas: 1) Jalisco, donde se presentaban avances previos en la materia; 2) Chihuahua, con una alineación clara a los postulados federales; y 3) Zacatecas, donde se presentó una controversia constitucional por la contradicción de la ley local a los cambios constitucionales. La hipótesis principal del trabajo lleva a pensar que los grupos locales utilizaron los mecanismos a su alcance para influir en el resultado de la reforma, por lo que las capacidades institucionales del estado se ven afectadas por la influencia de los grupos de interés que operan en las demarcaciones locales.