LA INICIATIVA MÉRIDA Y EL SISTEMA PENITENCIARIO EN MÉXICO
Uno de los objetivos de la Iniciativa Mérida se basó en Institucionalizar la capacidad para mantener el estado de derecho. Para llevar a cabo esto, se buscó fortalecer la capacidad institucional en los centros penitenciarios e implementar la reforma al sistema de justicia penal de justicia. Lo anterior fue acompañado por los cambios constitucionales en 2008 y 2011 en materia de justicia penal, seguridad pública y derechos humanos, lo cual sirvió como preámbulo para la creación y aprobación en 2016 —durante la administración federal 2012-2018— de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este mismo sentido, la Iniciativa Mérida a través de la Asociación Norteamericana de Correccionales es la encargada del trabajo operativo para el desarrollo de capacidades, asistencia técnica y equipamiento para apoyar las reformas al sistema carcelario en México. Asimismo, se buscó brindar apoyo a las entidades federativas con el propósito de certificar los penales estatales. Empero, a pesar del apoyo mencionado desde 2011 hasta 2018, sólo 81 de los 342 Centros Penitenciarios existentes han sido certificados. Aunado a lo expuesto, persiste el problema del respeto a los derechos humanos, motines, hacinamiento, fugaz masivas, corrupción y autogobiernos. Por tal motivo, es necesario cuestionar ¿Por qué a pesar de los apoyos presupuestales de la Iniciativa Mérida para reformar el sistema judicial y penitenciario los resultados han sido escasos y sobre todo pareciera que los problemas se han atomizado? Al respecto se plantea como hipótesis de trabajo que los apoyos presupuestales de la Iniciativa Mérida no han logrado los objetivos planteados debido a que los gobiernos estatales no le han dado la prioridad necesaria a la interdependencia entre gobierno mexicano y norteamericano. Esto debido a que el apoyo presupuestal para el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario es administrado por una agencia extranjera —Asociación Norteamericana de Correccionales (ACA) — y no por los gobiernos estatales, además de no existir sanciones por no cumplir con los objetivos planteados. Esto evidencia los problemas de coordinación y de eficiencia del federalismo en México para implementar políticas de impacto.