Organizaciones de víctimas, derechos humanos y justicia transicional en los nuevos escenarios políticos en México: ¿avances o regresiones?
Desde hace más de una década, la política de “combate al crimen organizado” en México se ha basado en la violación grave y sistemática de los derechos humanos, dejando decenas de miles de víctimas. Esto ha llevado a los familiares de las víctimas y a organizaciones civiles de derechos humanos a redactar leyes dirigidas a atender las fuentes originales de los problemas y a incidir en el diseño institucional, con el fin de lograr la justicia transicional (basada en el acceso a la justicia, esclarecimiento de la verdad, reparación, memoria y garantías de no repetición). Esta estrategia, basada en los derechos humanos, les ha permitido logros importantes, pero aún no se han consolidado y han tenido un impacto heterogéneo en el territorio nacional, siendo el nivel local el más desfavorecido y donde la población es más vulnerable ante las violencias y la impunidad. El relevo en la presidencia de la República abre escenarios políticos en los que se vislumbra la apertura de oportunidades para que esta ola de violencia, la impunidad y la corrupción que la han auspiciado se reproduzcan y la actual crisis institucional y la humanitaria se profundicen. Con ello podría haber regresiones graves en los logros de dichos actores organizados, principalmente en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Indicadores de ello son la ausencia de los derechos pro persona en el discurso del presidente de la República, el anuncio de políticas contrarias a los mismos y la invisibilización de facto de las víctimas y su realidad, así como de los actores que los acompañan en su lucha por la justicia. Recurriendo al análisis estructural del discurso mi ponencia se centraría en el análisis de la apertura o cierre de oportunidades políticas por parte del nuevo gobierno federal y las estrategias que los actores organizados desplieguen para impulsar la justicia transicional. Además de la política de seguridad pública y el diseño institucional para implementarla que el nuevo gobierno impulse, es capital la reforma del poder judicial que las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y académicos (as) han impulsado en iniciativas como #FiscaliaQueSirva y #SeguridadSinGuerra.