Facilitadores e inhibidores la Innovación Publica: Percepción desde la red de Innovadores en Chile.
El concepto de innovación en el sector público es relativamente nuevo, comenzando su discusión solo hace pocas décadas. Mencionado habitualmente en la literatura especializada, la innovación publica contribuiría en el desempeño económico de los países y su bienestar social, fundamentalmente a partir del incremento la eficiencia y mejorar en los niveles de calidad de los servicios proveídos por entidades públicas (Commonwealth of Australia, 2009). En términos específicos, investigaciones empíricas han demostrado que la innovación publica generaría reducciones de costos en las instituciones del Estado, aumentaría la satisfacción de los ciudadanos, generaría mejores resultados (Bason, 2010 en Alves, 2013), mejoraría la imagen y precepción de las organizaciones públicas por parte de los ciudadanos (Bloch et al., 2009; Vigoda-Gadot et al., 2008 en Alves, 2013), además incentivar el desarrollo de innovación en el sector privado (Bloch et al., 2009; Lee, Lim y Pathak, 2011; Yang y Li, 2011 en Alves, 2013). Pese a la popularidad del concepto de innovación en el ámbito público y tal como sucedió primero con el modelo burocrático y posteriormente con la llegada del New Public Management, se refieren a paradigmas que se generan primero en el ámbito privado, para luego trasladarse y aplicarse al sector público, modelos que deben ser adaptados a la realidad estatal (Ramírez-Aluja, 2010). De esta manera y según Langergaard and Scheuer, (2012) la innovación publica difiere en algunos aspectos de la innovación en el sector privado. Es así como en el complejo contexto en el que operan las entidades públicas, obliga a tener en consideración las características específicas tanto institucionales como de su entorno que pudieran facilitar o dificultar la innovación. En contraste con las entidades privadas, los servicios y procesos de las organizaciones públicas no operan en un mercado, sino más bien son monopolios que proveen servicios no solo para un mercado especifico, sino para la sociedad en su conjunto (Roste, 2005 en Langergaard and Scheuer, 2012). Adicionalmente, las organizaciones públicas tendrían que liderar con los llamados “problemas malvados” (Bason, 2007; Jorgensen, 1996 en Langergaard and Scheuer, 2012) los que se caracterizarían por no tener una solución simple y definitiva, sino más bien soluciones parciales y temporales. Algunos ejemplos de estos problemas multifactoriales se refieren al crimen, desempleo o las prioridades de recursos en el sistema de salud primario. De esta forma estos problemas no serán fácilmente definidos, existiendo siempre desacuerdos en su diagnóstico y posibles respuestas. De acuerdo a Jorgensen (2009 en Langergaard and Scheuer, 2012) este tipo de problemas públicos no son necesariamente complejos desde un punto de vista racional, sino más bien política y socialmente dificultosos. En esta misma línea Mulgan y Albury (2003) define una serie de barreras específicas a la innovación en el sector público, así como factores que pueden potenciar, promover o facilitar la adopción de la innovación en las organizaciones del Estado, variables que se estructuran de una manera dialéctica, como elementos (directa y proporcionalmente) opuestos a los identificados como barreras y obstáculos. Dentro de las barreras Mulgan y Albury (2003) consideran que por ejemplo, las presiones por la entrega/provisión de servicios y las cargas administrativas inciden como obstáculos para la innovación, así como los horizontes de planificación y presupuestos a corto plazo; falta de premios e incentivos para innovar; cultura de aversión al riesgo; insuficientes habilidades para gestionar el cambio y el riesgo; la reticencia a cerrar programas y organizaciones, tecnologías disponibles, pero limitadas por acuerdos culturales o de organización; estructuras inadecuadas, entre otros factores. De esta manera, concentrándonos fundamentalmente en el proceso de innovación, es decir, estudiando los obstáculos y factores tanto individuales como institucionales que la facilitarían su implementación (Brown, 2010), estudiaremos empíricamente, si las variables sugeridas por Mulgan y Albury (2003) son las causas que explicarían el desarrollo de proyectos innovadores o la dificultad de implementar practicas innovadoras en el sector publico chileno.