La 4 T: ¿oportunidad para una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas?
Uno de los grandes pendientes en la construcción de la democracia mexicana ha sido el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habitan a lo largo y ancho del país. A partir del alzamiento zapatista de 1994, el reclamo de los pueblos indígenas recogido por numerosas organizaciones, eventos de protesta y movilizaciones ha cobrado presencia en la vida política nacional, e incluso poco a poco ha pasado a formar parte del discurso de gobierno. Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y la nueva composición del Congreso de la Unión, se abrieron nuevas posibilidades para modificar el modelo de relación del Estado con los pueblos indígenas. De hecho, el 1º de diciembre de 2018, como segundo acto público, luego de la toma de protesta formal ante el Congreso, el presidente participó en una ceremonia en la que recibió el bastón de mando por parte de integrantes de pueblos indígenas. Ahí señaló textualmente: “Hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen y de la nueva política para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México; ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar; lo que bien podríamos llamar, una modernidad forjada desde abajo y para todos.(…) Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza, que nuestro pueblo original vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Por eso, todos los programas del Gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país”. En ese sentido, esta ponencia explora si en efecto, durante los primeros meses de este gobierno (incluídas las acciones previas a la toma formal de posesión) se han podido establecer acciones que conduzcan a la observancia de los derechos indígenas, ensanchando el acceso de esos pueblos a las formas democráticas de participación en la toma de decisiones. Para ello se llevará a cabo por una parte, un ejercicio de análisis de discurso, documental y normativo, y por otra, de seguimiento a eventos de protesta, movilizaciones y otras formas de expresión de los pueblos indígenas.