La erradicación de cultivos ilícitos en el marco del proceso de paz del Estado Colombiano y las FARC-EP.
En el marco de la negociación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP se plantea la erradicación de cultivos ilícitos utilizados por el narcotráfico para financiar el conflicto y sustituirlos por agricultura sostenible, como uno de los puntos de mayor divergencia por la interpretación de la forma en que se debe hacer esto por cada uno de los actores. Los cultivos lícitos comprenden la producción de especies vegetales como marihuana, amapola y coca, estos se han convertido en parte de la producción de poblaciones rurales, debido al abandono estatal en cuestiones de políticas públicas enfocadas al bienestar, apoyo e inversión en infraestructura, y servicios estatales como salud y educación para estas comunidades, para el año 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC,2017) la cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016; un 52% de incremento. Producto de la lucha antidrogas se han criminalizado actividades productivas del narcotráfico, aplicando el derecho penal con la creación de normas que prescriben penas hacía la producción, transporte, comercialización y distribución de sustancias psicoactivas como es el artículo 376 del código penal colombiano que impone una pena hasta de 360 meses de prisión por la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La aspersión de glifosato ha sido una práctica usada por el gobierno colombiano para erradicar plantaciones de cultivos ilícitos que ha afectado considerablemente a los campesinos y sus tierras, estudios dan cuenta de la relación que tiene este herbicida con la manifestación de enfermedades en las personas que tienen exposición a este químico, así mismo la Organización Mundial de la Salud lo ha asociado como probable agente patógeno cancerígeno. A pesar de los graves daños a la salud humana y a la calidad del medio ambiente que provoca esta práctica, distintos gobiernos nacionales la han visto como una herramienta efectiva para atacar a esta actividad ilícita.