PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE MIGRANTES INDÍGENAS EN CIUDADES INDUSTRIALES. ANÁLISIS DE MONTERREY Y SU ÁREA METROPOLITANA.
Monterrey y su Área Metropolitana ha pasado de tener 81,909 habitantes indígenas en 2010 (CDI) –proviniendo, principalmente, de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo y predominando los náhuatl, otomíes, mixtecos y mazahua (Rodríguez, 2013) – a más de 350,000 habitantes que se sienten autoidentificados con los pueblos indígenas en 2016 (INEGI, 2015). Ello ha provocado que la lógica de participación política, entendida como el derecho de personas y grupos a incidir en la arena pública como eje rector en las democracias modernas (Cohen & Arato, 1992), se adapte a la realidad etnocultural (Assies, 2009) y social de Nuevo León y, sobre todo, de Monterrey y su Área Metropolitana. En tal tenor, se tiene por pregunta rectora: ¿Cómo se ha desarrollado la participación político-electoral de migrantes indígenas en Monterrey y su Área Metropolitana? Además, es preciso tener en cuenta que el fenómeno de participación electoral indígena en Monterrey se desarrolla en un ambiente en donde se comparte una cultura e identidad distinta al grueso de la población en la ciudad industrial por excelencia en México y que, dicho sea de paso, es considerada la ciudad con más prácticas discriminatorias en el país (CONAPRED, 2010). Mediante la aproximación empírica al objeto de estudio por medio del enfoque cualitativo y con los métodos de 1) grupos de enfoque a población indígena y 2) entrevistas semi-estandarizadas a actores institucionales clave en la participación político-electoral indígena, se podrá conocer cómo es la participación electoral indígena en Monetrey y si las mismas Instituciones del Estado encargadas de promover y garantizar los derechos políticos de las personas indígenas y el sistema político vigente incentivan nuevas formas de participación y/o representación de carácter étnico (Vann Cott, 202) o si los conflictos entre las organizaciones indígenas, pro-indígenas, el Estado y las personas indígenas se encuentran sobre la dicotomía entre el uso estratégico de las identidades indígenas y las áreas de influencia y exigencias hegemónicas relacionadas con la pugna de recursos y de poder (Schilling-Vacaflor, 2008).