Golpeados pero no derrotados: las universidades públicas peruanas en la década de los 90s frente a las reformas neoliberales de educación superior.
En Latinoamérica, el sector de la educación superior no fue ajeno a las reformas neoliberales. Por un lado, se promovió sin regulación la creación de universidades privadas de bajo costo que absorbieran la demanda no cubierta por el Estado (Benavides et. al. 2015). Y por otro lado, se implementaron mecanismos de control presupuestario por resultados para las universidades públicas, a su vez que se les otorgó mayor autonomía en sus procedimientos administrativos (Schwartzman 1996). En este escenario, el caso peruano resalta porque su proceso de reforma no consideró la universidad pública (Dargent y Chávez 2019), mientras se aplicaban marcos legales que promovían la mercantilización y privatización de la educación. La literatura sobre este caso toma como referencia de la reforma la promulgación en 1996 del Decreto Legislativo 882 ("Ley de Promoción de la Inversión en la Educación"), la cual se ha explicado a partir de la renuncia estatal al manejo del sector, la presión de actores empresariales por leyes favorables y la debilidad de la universidad pública para evitar la reforma. Sin embargo, las reformas estructurales, y sus dinámicas de privatización y construcción de mercados, no fueron automáticas, pues subyacen procesos políticos donde se observan luchas entre actores que presionan para que estas ocurran y actores que buscan evitarlo (Arce 2010). Por ello, se muestra al DL 882 como resultado de un proceso de lucha política y simbólica, en donde la universidad pública participó. Así, se explica cómo y por qué, a pesar de estar en una evidente crisis, las universidades públicas ("perdedores" de la reforma) pudieron movilizar recursos para actuar frente a la reforma, y darle determinada dirección. A partir del análisis de noticias del período 1993-1997, se muestra una universidad pública con suficiente capacidad para negociar, luchar y anteponer demandas que convertirían en instituciones, leyes y propuestas legales. Consideramos que la ventaja de esta mirada procesual permite entender el resultado final de la reforma y qué tipo de recursos entraron en juego para ello. Asimismo, nos brinda una mirada histórica que permite entender el proceso de la reciente reforma del 2014 y compararlo con otras experiencias latinoamericanas.