El modelo de fiscalización de partidos políticos en México. Un desafío para la rendición de cuentas.

En México, la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 creó, entre otras, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), lo que abrió una nueva época del sistema electoral mexicano. La fiscalización pasó a ser competencia exclusiva del recién creado Instituto Nacional Electoral (INE), por medio de la Comisión de Fiscalización, con el auxilio de la Unidad Técnica de Fiscalización. Por sus facultades exclusivas en la materia, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ha actuado en las elecciones federales y locales de 2015, 2016, 2017 y, recientemente 2018. En este último año, el universo de informes que el INE revisó, a través de su UTF, implicó revisar y dar seguimiento a las 146,809 operaciones que candidatos, partidos y candidaturas independientes realizaron en el plano federal y 369,388 en el local, todo esto en 37 días. El crecimiento exponencial en el número de informes a revisar es evidente: de 2012 a 2018 habrá sido siete veces mayor. Además, está la dimensión política de las nueve elecciones para gobernador, cuya validez invariablemente deberá esperar los resultados de la fiscalización. Los cambios entre una y otra elección no son menores: más allá del volumen de los informes, el poco tiempo que tiene el INE para revisarlos constituye un riesgo de detección, así como un fallo al debido proceso, lo que podría vulnerar la confianza en los resultados. La presente ponencia discute los eslabones débiles del actual modelo de fiscalización, mismos que pueden fortalecerse para brindar una mayor confianza a la ciudadanía y contendientes; por ejemplo, ampliar los plazos para la investigación de las quejas en materia de fiscalización. En este sentido, las investigaciones de las denuncias han jugado un papel fundamental para revelar los casos de financiamiento ilegal utilizado por los partidos políticos, tal como sucedió con Amigos de Fox, Pemexgate y recientemente Monex, la red de ilegal de financiamiento a través de la empresa denominada Logística Estratégica Asismex, en la que prácticamente todos los partidos, existentes en 2012, se vieron involucrados, así como el fideicomiso de MORENA. Estos casos exhiben la centralidad que ha adquirido la facultad de investigación que tiene la autoridad electoral y cuyo acompañamiento, así como la colaboración de otras instituciones en materia de justicia y transparencia resulta cada vez más necesaria.

Jonathan Alejandro Correa Ortiz /Universidad Nacional Autónoma de México.