Las evaluaciones de impacto en las políticas públicas de seguridad: el caso del Modelo de Justicia Cívica en el municipio de Escobedo, Nuevo León.
En México, como en gran parte de América Latina, las corporaciones de seguridad pública enfrentan importantes desafíos institucionales: suficiencia en sus recursos financieros y humanos, profesionalización, capacitación y adiestramiento de sus elementos, coordinación estratégica con otros actores, planes de largo alcance, nivel de confianza y aprobación de los ciudadanos, entre otros. En este sentido, la experiencia demuestra que no existen respuestas infalibles para mejorar las condiciones de seguridad en la región. Sin embargo, la evaluación puntual de una política de seguridad es el primer paso para ilustrar si determinadas acciones están dando los resultados esperados y brindar información útil a los gobiernos sobre cómo mejorar dichas políticas. Las evaluaciones de impacto son herramientas esenciales en las intervenciones basadas en evidencia, por lo que resulta fundamental incorporar sistemas de evaluación que permitan valorar los resultados de las mismas, a través del uso de metodologías rigurosas. Así, el principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con la población objetivo si el programa no hubiera existido. El presente trabajo tiene como objetivo exponer el caso del “Modelo de Justicia Cívica” —definido como el conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen Gobierno, orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios, y que por naturaleza se contempla como una estrategia de prevención del delito—, implementado desde 2017 en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, a partir de una evaluación de impacto en dos indicadores: la incidencia de faltas administrativas y el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en la policía de dicho municipio.