El poder judicial y el conflicto socio-ambiental en Colombia: una disputa política
En Colombia la Corte Constitucional se ha convertido en un campo de disputa en el que se expresan las luchas políticas y sociales y en el que los diversos actores esperan que éstas se resuelvan. En el caso de la conflictividad socio-ambiental derivada de megaproyectos extractivos los diversos actores sociales han buscado también un refugio jurídico-político en la Corte Constitucional. Lo interesante de la disputa actual es que tanto los opositores como los defensores de los proyectos extractivos se han armado de una estrategia jurídica para convencer a los jueces de la Corte de manifestarse a favor o en contra de una herramienta vinculante que se ha usado para impedir la minería: la consulta popular. Lo que ha pasado hasta ahora, es que lejos de apoyar la consulta como herramienta democrática en la defensa del ambiente –y olvidando su propio precedente jurisprudencial–, la Corte se ha pronunciado en contra del uso de la consulta como canal de decisión en asuntos extractivos. Así se han desatado efectos jurídicos, políticos y ambientales que han obligado a reconfigurar las estrategias de los actores involucrados en el conflicto. Tomando este caso, quisiera explorar en esta ponencia al menos dos asuntos que se derivan de esta situación: en primer lugar ¿De qué manera los actores sociales se apropian del lenguaje jurídico para avanzar en sus reivindicaciones y qué consecuencias se derivan de esta apropiación?; en segundo lugar, y de manera más general ¿Cuáles son los factores que explican el cambio de precedente del poder judicial en determinados contextos? Lo anterior se explorará a partir de los aportes de la antropología política, específicamente desde Das y Poole (2004) que consideran que la justicia es uno de los espacios donde el Estado se materializa, prohíbe, permite, castiga y organiza, donde, por lo tanto, surge la desconfianza o resistencia a sus pretensiones de dirigencia. E igualmente, se ampliará la discusión con los aportes de la geografía jurídica desde donde se propone que “Cada aspecto de los marcos jurídicos está situado, toma un lugar y está en movimiento o tiene un marco espacial de referencia”. (Braverman, 2014: 10)