Una mirada a la corrupción en gobiernos subnacionales en el Perú: Callao y Pasco
Entre el 2006 y el 2017, la corrupción constituyó uno de los problemas principales del Perú (Proética, 2017). Este fenómeno ha penetrado todos los niveles del gobierno y de la sociedad civil de tal manera que su presencia, consecuencias y práctica se han normalizado, tanto en la esfera privada como pública. Durante los últimos años, numerosos casos de corrupción de impacto nacional han saltado al ojo público, tales como el caso Lavajato, los audios de los magistrados del Poder Judicial, entre otros; asimismo algunas situaciones de trascendencia principalmente subnacional, en las que los gobernadores regionales y autoridades municipales han sido acusados de delitos contra la administración pública como peculado, colisión, entre otros delitos. Todas las investigaciones realizadas descubrían lo ya conocido por la sociedad, una red de crimen desarrollada dentro de ciertos gobiernos regionales. A finales del 2015, 9 de los involucrados eran sentenciados a cumplir penas privativas de libertad y reparación civil a consecuencia de su mal accionar dentro de las regiones. Sin embargo, las acusaciones a los gobernadores no trascendieron pese a la evidencia y denuncias presentadas. En estos espacios donde la corrupción está desbordada, el Estado va perdiendo legitimidad frente a la población. Por ello, esta investigación analiza la dinámica del fenómeno de la corrupción enfocada en gobiernos regionales del Perú: Tumbes, El Callao, Ayacucho, Loreto y Junín, ya que estas fueron las regiones que contaban con más denuncias e investigaciones abiertas, además de ubicarse estratégicamente a lo largo de las tres regiones del Perú (Costa, Sierra y Selva), contando también con un desarrollo con resultados judiciales dispares en cada caso. Se pretende explicar la dinámica de los casos presentados y aportar una nueva perspectiva a los análisis sobre el tema a nivel regional. La metodología utilizada en este estudio es cualitativa con uso del seguimiento de los delitos cometidos en todas las unidades subnacionales mencionadas mediante el examen de denuncias archivadas y los procesos con sentencia judicial, así como la revisión de medios de comunicación.