Orden urbano, violencia y gobernanza criminal en ciudades secundarias de Colombia.
En medio de la transición hacia un mundo más urbano —se estima que para el 2050 el 68% de la población global vivirá en ciudades— la violencia y seguridad constituyen dos serios desafíos. América Latina no es ajena a este asunto, por el contrario, la violencia urbana es un problema que afecta a varios países de la región. Así, casos como los de Medellín, Rio de Janeiro, Cali o Ciudad de México son icónicos en la literatura sobre el tema. No obstante, el análisis sobre este problema se ha centrado en las ciudades grandes y capitales, dejando de lado el caso de las ciudades intermedias y secundarias, las cuales no han recibido la misma atención en la literatura a pesar de que alrededor de la mitad de la población urbana Latinoamericana habita en ellas. En este sentido, no hay conclusiones claras sobre la relación entre el tamaño de la ciudad y la violencia y criminalidad. Por una parte, se considera que las ciudades medianas y pequeñas tienden a reportar menores índices de criminalidad, lo cual puede estar relacionado con mejores patrones de organización y control social. Por otra parte, algunos estudios sugieren que estas ciudades son más vulnerables a la violencia y el control por actores armados no estatales debido a la presencia de instituciones estatales más débiles, autoritarismos subnacionales y corrupción. Con base en estas consideraciones, la ponencia tiene por objetivo abordar la violencia urbana y dinámicas de orden social y gobernanza en el caso de Pereira. Con poco más de 500.000 habitantes, esta ciudad constituye el corazón urbano de la llamada “Región Cafetera” en Colombia y ha sido una de las más violentas del país. Entre las causas más evidentes se encuentra el narcotráfico, sin embargo, es necesario considerar los vínculos entre las élites políticas y económicas con el crimen organizado y el paramilitarismo. Adicionalmente, grupos armados no estatales cuentan con el control de las económicas informales de la ciudad y, en ausencia del Estado, se encargan de la oferta y regulación de servicios públicos en algunas zonas. El análisis de este caso contribuye a profundizar en las múltiples facetas de un fenómeno tan complejo como la violencia en contextos urbanos en América Latina.