El rol del empleo público en Colombia en el marco de la reforma institucional para la paz 2012-2018
La discusión entre un gran Estado interventor o un minúsculo Estado regulador ha marcado los más álgidos debates de la economía, la ciencia política y la administración pública. La resolución de tal disputa implica definir el qué hacer, es decir, la agenda de asuntos públicos que son prioridad para el Gobierno y el cómo hacerlo, que hace referencia al conjunto de estrategias y lógicas de intervención usadas por el Estado, para cumplir con sus funciones movilizando recursos económicos, leyes y funcionarios públicos. En el caso de Colombia, el proceso de paz con las FARC ha generado diversos desafíos para el Estado, entre ellos, toma relevancia su tamaño y correspondiente eficiencia en la provisión de servicios públicos y la garantía de los derechos de la población más afectada por el conflicto armado; tanto en las ciudades receptoras de víctimas y reinsertados, como en las zonas de inocua presencia estatal. Por lo anterior, es evidente la necesidad del fortalecimiento institucional y burocrático del Estado, lo cual implica formalización, cualificación y ampliación de los cargos en el sector público enfocados en la atención de dicha problemática. A pesar que desde 2012, año en que se instaló la mesa de negociación, el número de servidores públicos ha aumentado en al menos un 16%, el Estado colombiano no ha logrado consolidar una estrategia clara y rigurosa de empleo público que haga frente a las demandas del contexto actual, y tenga en cuenta elementos tales como la estructura legal, las limitaciones fiscales, la cualificación del servicio público, las ventajas del gobierno digital, entre otros. En tal sentido, en un primer momento la ponencia hace una revisión sectorial y territorial de la situación del empleo público en el periodo 2012-2018, teniendo en cuenta variables como la meritocracia y la eficiencia; posteriormente, se identifican las principales demandas que el acuerdo de paz generó en esta materia; partiendo de los dos puntos anteriores, el tercer momento se ocupa de un contraste entre el funcionamiento burocrático del Estado y las demandas identificadas. Finalmente, se presentan conclusiones y un ejercicio prospectivo ante el periodo presidencial de Iván Duque.