Las fronteras porosas entre lo público y lo privado: las políticas de educación inicial en Uruguay (2005-2019)
Con la llegada del Frente Amplio (FA) al gobierno nacional en el 2005 Uruguay se sumó a la ola de gobiernos “progresistas” desplegada en esos años en América Latina. El gobierno del FA impulsó una serie de políticas públicas pro-igualdad, entre las que se destacaron una importante reforma de la salud, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación legal del cannabis, un novedoso sistema de protección denominado “Sistema de Cuidados”, entre otras. En educación el Estado mantuvo un lugar estratégico en la gobernanza del sistema: fue la principal fuente de financiamiento, participó directamente en la provisión del servicio educativo y ejerció activamente la conducción de la educación pública y la privada. En la “era progresista” la educación ha sido prioridad en la agenda y las medidas tomadas preservaron la matriz estatal clásica: no hay accountability de mercado, los padres no eligen las escuelas de sus hijos, las escuelas no son autónomas y la contratación de servicios pedagógicos a proveedores privados es casi nula. No obstante, en estos años también se ha recurrido a instrumentos de política orientados a la “desestatización” (Ball, 2012): la asociación entre lo público y lo privado, la contratación de organizaciones no gubernamentales para la provisión del servicio educativo y la promoción de la actividad filantrópica para financiar algunos programas educativos. En lo que va del siglo XXI, el Estado ha mantenido su rol protagónico en educación pero las fronteras entre la educación pública y la privada evidencian una crecientemente porosidad, particularmente en la educación en la primera infancia. Sobre la base de fuentes secundarias y entrevistas semi-estructuradas, la ponencia estudiará las referidas tres dimensiones de desestatización en la política de educación inicial, una policy que ha sido central en el marco del llamado “Sistema de Cuidados”, “buque insignia” del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.